Desde el Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales (GrICSo) de la Universidad Nacional del Nordeste nos pronunciamos en repudio a la represión policial desatada el 14 de octubre de este año contra las comunidades qom de Villa Río Bermejito, Departamento Gral. Güemes, provincia del Chaco. Los hechos represivos se sucedieron ante una movilización popular en reclamo por la suspensión, falta de pago de las pensiones por discapacidad, asignaciones, salarios y jubilaciones. Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas heridas por el accionar policial y se denuncia la detención de cinco manifestantes.
Al histórico abandono estatal padecido por las comunidades del Chaco, reconocido en fallos internacionales que obligan al gobierno a atender especialmente su situación vulnerable, se agrega el desmantelamiento de las redes de contención comunitaria y la criminalización de la protesta social. Todo ello, producto de las políticas de ajuste y desfinanciamiento implementadas tanto por el gobierno provincial como por el gobierno nacional.
Por otra parte, esta política de reprimir cualquier manifestación social de trabajadores, ciudadanos, vecinos, organizaciones sociales en los hechos anula el derecho constitucional de peticionar a las autoridades.
¿Qué deben hacer los pueblos originarios que se ven sumidos en el máximo abandono de persona por parte del estado nacional y provincial? ¿Deben aceptar sumisamente la muerte silenciosa que significa perder el único ingreso estable con el que cuentan?
Frente a comunidades que sufrieron un despojo histórico y que ayer reclamaban por las arbitrarias bajas de pensiones realizadas por el ANSES la respuesta del estado provincial fue la violencia policial. Los actuales servidores públicos entienden todavía se puede realizar una partición entre “indios buenos” e “indios malos”. Por otra parte, la continua operación ideológica de estigmatizar a los manifestantes como “kirchneristas” sirve como justificación para borrar al sujeto histórico y la legitimidad del reclamo.
Este “orden con retroceso social” nos afecta hoy día a la mayoría social, no solo a las comunidades, también a trabajadores de la salud pública, a trabajadores municipales, provinciales, a docentes sin pago de la cláusula gatillo, a porteros de escuela, pero también a comerciantes y emprendedores en masivos procesos de quiebra.
Una mención particular merece la repudiable actitud de algunos medios de comunicación que simplemente reproducen la versión del gobierno, con burdas operaciones de prensa que tienen a justificar la violencia policial, encubrir las responsabilidades oficiales, culpabilizar y estigmatizar a quienes reclaman por sus derechos (a la salud, alimentación y asistencia estatal).
Exigimos una investigación de los responsables materiales e ideológicos de la represión, así como la satisfacción de las demandas de las comunidades originarias, e invitamos a toda la comunidad universitaria a pronunciarse ante la gravedad de la situación.