ANÁLISIS: Cuando el hambre es la política

 

Por Silvia N. Sánchez y Marcelo Graciosi


La investigadora María Victoria Sordini estudia las políticas alimentarias (PA) en Argentina. En un reciente artículo publicado en la Revista de Sociología y Política (2022) advierte que “lejos de intervenir sobre las causas estructurales de producción, distribución, comercialización acceso y consumo de los alimentos [las PA] despliegan acciones sobre los `síntomas` de la desigualdad social” (p. 14). Las emergencias resultan “permanentes” a través de diseños que se “ajornan” a las modalidades de prestación hegemónica en cada época. Focalizadas siempre en los sectores sociales más vulnerables, se obturan posibilidades de abordar la problemática alimentaria como un asunto transversal a todos los sectores sociales. En este sentido las políticas alimentarias son parte del dispositivo de poder que constituye ese amplio abanico denominado políticas sociales. La política social tiene un papel fundamental en la construcción de hegemonía por parte del capital financiero. Para actuar eficazmente como representante general del capital social el Estado debe lograr ser reconocido por los sujetos en su carácter de ciudadanos como la autoridad que impone la ley, que resguarda el orden, que vela por el por el bien común y que repara los daños de los constantes procesos de desafiliación social (Castel, 1990). Su acción, al menos bajo estos parámetros, tiene que presentarse como expresión de intereses generales. Este reconocimiento implica el desarrollo de tal disposición por parte de los individuos, lo que requiere la acción del mismo Estado en tal sentido, y la política social es una de las formas que esa acción asume. En otros términos, la lógica del capital requiere del estado las políticas asistenciales aún en los casos de sociedades con relativos grados de desarrollo económico (O´Connor, 1974).

Mitigar el hambre posee una alta eficacia en la contención de la conflictividad social, pero escasamente para elaborar diagnósticos que permitan abordar el problema de manera integral (Clemente, 2010; Sordini, 2022). Por otra parte, en la Argentina hemos podido observar diferentes políticas sociales de carácter alimentario que no solo convivieron con altos grados de conflictividad social, sino que al mismo tiempo fueron parte disputas de diverso tipo, dando lugar a tensiones y nuevos escenarios de conflictividad social (Grassi, 2003). El problema de fondo -dicho en términos de metáfora espacial, pero sin remitirnos a ninguna esencia sustancial-; es la tensión entre el planteo de un gobierno de los mínimos biológicos (Álvarez Leguizamón, 2010) y las resistencias, siempre al mismo tiempo globales y locales que emergen incluso desde los mismos sujetos que están inscriptos en estos dispositivos.  

Los programas definen el problema alimentario como un problema de acceso a los alimentos y poseen un carácter paliativo y provisorio. Son “de asistencia”, “emergencia”, “ayuda”, “complemento”. Además, los PA son permanentes para quienes no han revertido su situación de pobreza. A partir de los requisitos de focalización se “moldean” maneras de ser receptor de un PA, de sentir, de pensar, de actuar. Se delimita cómo se experimenta el hambre, las formas de comensalidad y el ser y estar desde las prácticas alimentarias. Así, las PA re-configuran prácticas, definen alimentos posibles y tejen relaciones sociales sobre la necesidad de comer (Sordini, 2020).

Sordini sostiene que “el hambre es la política” (2022, p. 15) porque las PA moldean una habituación, una normalización de la mitigación del conflicto del hambre a través de la capacidad coercitiva del Estado y el alcance masivo de sus intervenciones. Regulan así “un proceso socio-histórico sobre la distribución desigual de las energías y del orden social” (p. 15). Las energías para la producción y reproducción de algunos tipos de fuerza de trabajo, de determinados desarrollos cognitivos, las interacciones sociales y trayectorias de clase quedan subordinadas a lo que las PA dispongan.

Ahora bien, ¿cuáles son las PA o las medidas que impactan en la problemática alimentaria desde el gobierno de Javier Milei?

Una de las medidas que más afecta la problemática alimentaria es la devaluación del peso. El miércoles 13 de diciembre de 2023 el Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la tercera suba diaria del dólar más grande de la historia argentina (118%), al devaluar un 54% el peso frente a la divisa estadounidense. Fue la peor devaluación desde 1989 cuando en medio de un proceso hiperinflacionario se sucedieron varias devaluaciones, pero esta vez se tomó la medida de forma deliberada. La cotización del dólar oficial –que fija el Banco Central y que sirve principalmente para el comercio exterior- pasó de 400 a 800 pesos  (Ámbito Financiero, 08/02/2024).

En palabras del Ministro Caputo la medida se tomó para hacerle frente al déficit fiscal y la inflación:

“Estamos frente a la peor herencia de nuestra historia, un país donde los argentinos somos cada vez más pobres (…) Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente en camino a una hiperinflación. Podemos (…) llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Nuestra misión es evitar la catástrofe” (La Nación, 14/12/2023)

Observamos que el funcionario atribuye la causa de la pobreza a la “herencia”, es decir, los años de gobierno precedente -que, paradójicamente incluyen el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) en el cual él mismo estuvo a cargo de la cartera de economía. Para evitar el mal mayor (la hiperinflación), se indica que es necesario realizar un ajuste masivo.

Esta devaluación impacta de manera descomunal en los precios de los alimentos, los remedios, la nafta, entre otros servicios, haciendo caer el peso del ajuste en los sectores populares.

En diciembre de 2023, el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) estimó que el índice de precios al consumidor (IPC)[1] de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 20,6% con una variación interanual del 296%. La canasta básica de alimentos (CBA)[2] trepó un 30,4%, en enero de 2024, un 18,6%. La canasta básica total (CBT)[3] subió en diciembre un 27%, en enero de 2024, un 20, 4%. La tasa de empleo en el tercer trimestre de 2023 es de 45,5%, de desempleo 5,7%, de subocupación 10,3%. El coeficiente de Gini[4] del ingreso per cápita familiar de las personas fue para el mismo período de 0,434%; la brecha de ingresos por medianas del ingreso per cápita familiar de la población de 14%. El porcentaje de pobreza, de 40,1%. El de indigencia, 9,3% (medidos ambos al primer semestre de 2023, última medición realizada por INDEC)[5].

El informe Argentina (2004-2023): Un régimen inflacionario crónico de empobrecimiento y mayor asistencia social del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA, 2024)[6] indicó que los niveles de indigencia[7], como consecuencia de los incrementos del costo de la CBA y de los ingresos de los hogares pasó de 9,6% en el tercer trimestre de 2023 al 14,2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024. Con respecto a los niveles de pobreza[8], se pasó de 44,7% en el tercer trimestre de 2023 a 49,5% en diciembre de 2023 y a 57,4% en enero de 2024. El mayor incremento lo experimentaron los hogares de clases trabajadoras o medias no beneficiarias de programas sociales. Si se observa específicamente a los residentes en hogares destinatarios de políticas sociales su nivel de indigencia era, en el tercer trimestre de 2023, de 19,7%, se incrementó en diciembre de 2023 a 28,8% y decreció a 23,8% en enero de 2024. En cuanto a los niveles de pobreza estos mismos hogares presentan un nivel de pobreza del 85,5% en enero de 2024. Es decir, como puede observarse desde los gráficos del informe de ODSA (2024) se han recrudecido los indicadores de indigencia y pobreza. Estos porcentajes hacen visibles privaciones sociales más estructurales como por ejemplo vivienda, hábitat, educación, salud, recursos sociales, trabajo, etc. Ante un contexto de crisis, los hogares con indigencia intensifican cada vez más sus niveles de privación económica haciendo más difícil revertir sus posibilidades de marginalidad estructural. En otras palabras, cada nueva crisis económica deja un nuevo “piso” más elevado de indigencia, y ello es más intenso en hogares con otros déficits. Esto provoca sociedades más empobrecidas, con un sistema económico más heterogéneo y mercados laborales más segmentados (ODSA, 2024). La indigencia afecta más a los estratos bajos, hogares con niñas/os y adolescentes (NNA) y cuyo jefe/a de hogar posee un bajo nivel educativo. También los sectores medios bajos descienden sus capacidades de consumo, desde 2017 se ha generalizado el crecimiento de la pobreza, que se profundizó con la crisis sanitaria por covid-19. Los hogares con NNA son los más afectados por las desigualdades estructurales al interior de la estructura socio-económica.

Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) (2016), la alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía necesaria para que cada persona pueda llevar adelante las actividades diarias y mantenerse sana. La inflación actual y la proyectada impactan fundamentalmente en el precio de los alimentos. A menores ingresos en los hogares hay mayor prevalencia de diferentes formas de malnutrición, ya sea por déficit o por exceso. Esto se debe a que cuando menor es el ingreso, el consumo se vuelca más hacia los alimentos de menor costo, que en general son los alimentos de menor calidad nutricional. La accesibilidad a los alimentos no suele ser un problema, sino su costo, su dependencia de los ingresos de los hogares. Las agroindustrias de los alimentos ofrecen “energía barata y micronutrientes caros (Aguirre et al., 2010) de allí que los padecimientos más predominantes suelen ser las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT): diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares.

En Argentina más del 90% de la población reside en centros urbanos y las familias que viven en los campos cada vez menos se dedican a la producción de alimentos (ello por el aumento exponencial en los últimos años de los agronegocios cuya producción de cereales se destina al mercado externo). Los principales puntos de abastecimiento de alimentos son los supermercados. Como sostiene Patricia Aguirre[9] de los cinco principios de la seguridad alimentaria[10] en Argentina se cumple con 4: suficiencia (de suministros de alimentos para abastecer a toda la población), estabilidad (se logra cuando las variaciones estacionales no comprometen la provisión), autonomía (la no dependencia del suministro externo), sustentabilidad (la explotación de los recursos posibilita su reproducción en el futuro). Lo que no está garantizado es la equidad, o sea, que toda la población tenga acceso a una alimentación socialmente aceptable, variada y suficiente para desarrollar su vida. Mas allá de estas aseveraciones, se vuelve imprescindible en la actualidad inquirir en qué medida la población nominada como vulnerable (Barrenechea, Gentile,  González, Natenzon, 2000) logra acceder en materia de alimentación a un mínimo biológico. 

El aumento de la inseguridad alimentaria favorece en adultos el incremento de ECNT, en NNA la malnutrición (por exceso: sobrepeso u obesidad; por carencia: desnutrición) lleva a retraso en el crecimiento, disminución de las capacidades cognitivas, mayor tasa y severidad de las infecciones, repercutiendo en la mortalidad. Claramente que la falta de acceso a alimentos (adecuados) atenta contra la salud de las personas, de todas las personas, pero sobre todo de los sectores que ya eran vulnerables antes de las medidas del gobierno actual.

 

 




Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), ODSA, UCA.

 

Pasemos ahora a otras medidas que impactan directamente en la problemática alimentaria. Otro miércoles, el 20 de diciembre de 2023, desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, el Presidente rodeado de su Gabinete presentó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Bases para la reconstrucción de la economía argentina (Decreto 70/2023). El texto del decreto tiene 83 páginas y contiene 366 artículos con el objetivo de desregular la economía.

En palabras de Milei:

“…Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Para ello diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un plan de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor del mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia” (Cadena Nacional, 20/12/2023)

Tras su comunicado en el horario de audiencia central, las cacerolas se escucharon desde los balcones y las calles de Buenos Aires y de otras grandes ciudades del país. Los manifestantes sostenían que las reformas anunciadas no los salvan de las garras del Estado, sino “que quedan desprotegidos frente al poder irrestricto concedido al mercado” (Diario El País, 21/12/23)[11]. A 22 años de la crisis con a que concluyó el gobierno de Fernando de la Rúa –con un saldo de 39 muertos-, otra vez las cacerolas hicieron sentir el descontento. El decreto –según abogados constitucionalistas- no tiene precedentes en la historia argentina reciente puesto que “el Poder Ejecutivo no puede, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” (Ab. Antonio Hernández, Diario El País, 21/12/23).

El DNU entró en vigencia a los 8 días de su anuncio y solo puede ser rechazado por el voto negativo de las dos Cámaras legislativas o en forma parcial a través de fallos judiciales (al momento de escribir estas líneas está en vigor).

Los artículos del DNU que impactan particularmente en la problemática alimentaria son:

El Artículo 4 deroga la Ley Nº 18.425 Norma referente a precios de expendio en supermercados y autoservicios. Esta ley de 1969 define con precisión qué es supermercado, un autoservicio minorista y mayorista. Es una ley que se usa como base de entendimiento para aplicar sanciones y multas ante incumplimientos.

El Art. 5 deroga la Ley Nº 26.992 de creación del Observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios. El Observatorio de precios es un instrumento para definir valores de acuerdos de precios.

El Art. 7, deroga la Ley Nº 27.545 de góndolas que tenía por objetivo regular el espacio en las góndolas que los supermercados conceden a las empresas productoras de bienes de consumo masivo, tanto de comercios físicos como en las ventas digitales. Se había aprobado en febrero del 2020 y había empezado a implementarse en 2021. Esta ley buscaba una desaceleración en la suba de los precios, intentaba facilitar el acceso a productos de la CBA, promover una distribución más equitativa en el mercado de los actores encargados de la comercialización de esos productos. Ya que, en definitiva, son los supermercados los que terminan estableciendo el valor al que se ofertan los productos. Para ello además se promovía el diálogo con el sector empresarial para establecer precios de referencia a través del programa Precios Cuidados. Preveía la exhibición de productos de modo que exista un mejor reparto de proveedores. Tendía, además hacia una competencia equitativa en oposición al monopolio de las grandes empresas, fomentar la participación de pequeñas empresas y trabajadores de la economía popular para el acceso a precios más equitativos[12].

El Art. 9 deroga la Ley Nº 20.680 de creación del régimen de abastecimiento. Esta ley permitía regular el comercio interior de todos los bienes y servicios que se ofrecían en el país. Establecía un sistema de sanciones penales con un procedimiento especial para su aplicación. El principal delito que prevenía era el de acaparamiento que significa provocar la escasez de un producto con la finalidad de hacer subir su precio.

La derogación de este conjunto de leyes implica en lo inmediato que las empresas no están sometidas a controles de precio o de abastecimiento y que los supermercados pueden decidir libremente qué mercadería exhibir y en qué lugar ubicarla. Sin embargo, hay sectores. Ambas leyes poseen objetivos comunes para la competencia como la desarticulación de los mercados oligopólicos y monopólicos, favorecer en forma indirecta el acceso a los bienes de consumo de los hogares argentinos. Sin embargo, hay sectores como la Confederación Económica de la Provincia de Bs. As. (CEPBA) que consideran que “estas leyes nunca tuvieron un efecto positivo para el desarrollo de las actividades de las Pymes”.

Aparte de estas leyes, el DNU deroga la Ley Nº 18.770 de Régimen de entregas de azúcar para consumo en el mercado interno. Es una ley de 1970 con un texto escueto, no obstante, al establecer cupos lo que impedía era el desabastecimiento y el aumento desmedido de precios. El azúcar es uno de los productos que más subió en los últimos años (su precio se multiplicó por 8 en poco más de 2 años y los ingenios se llevaron ganancias fabulosas, no así los salarios de los trabajadores azucareros que no siguieron el ritmo de la inflación y cuyas condiciones laborales no son las mejores)[13].

Otra de las medidas que afectan al problema alimentario en el contexto inflacionario actual son el haber discontinuado el Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que abastecía a comedores comunitarios del país. Desde tomadas el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello se tomó esta decisión. La única asistencia vigente es el Programa Alimentar, que llega a 3 de cada 10 niños pobres, y a 1 de cada 10 familias pobres.[14] Es un programa que llega a 19 millones de niños, mientras los comedores alimentan entre 4 y 5 millones que no tienen nada de nada. A miles de NNA que ya se encontraban con inseguridad alimentaria se les retira asistencia. Las únicas medidas paliativas ante la vulnerabilidad de las familias tomadas por el gobierno de Milei han sido el incremento del 100% de los montos percibidos a través de la Tarjeta Alimentar[15], también se estableció la duplicación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y un bono de $70.000 para jubilaciones y pensiones de haberes mínimos.

La interrupción del reparto de mercadería a los comedores comunitarios o populares de debe –según el gobierno- a la necesidad de revisar posibles irregularidades. Se anunció la voluntad de transferir dinero a cada comedor, se proclamó la voluntad de eliminar los intermediarios. Al mismo tiempo, se firman convenios con Caritas, con las iglesias evangélicas nucleadas en ACIERA y con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN)[16], como se difundió desde @MindeCapitalH.

Lo cierto es que la capacidad de llegar a los territorios empobrecidos que poseen los movimientos sociales y las mujeres de la economía popular no la tiene el Estado. Solo el Movimiento de Trabajadores del Estado (MTE) posee 680 comedores en todo el país que dan de comer a 81.500 personas. Cuando los comedores se cierran o atienden 2 de los 7 días de la semana cientos de familias se quedan sin comer.

Otras medidas tomadas por el gobierno que repercuten en la problemática alimentaria son la reducción del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) cuyo objetivo era la mejora de las condiciones habitacionales de las villas y barrios populares, el reemplazo del Potenciar Trabajo por dos programas: “Volver al trabajo” y “Acompañamiento social” que segmentan por edades a sus beneficiarios y según argumenta Eleonor Faur[17] apuntan “a desarmar la trama del cuidado popular”. Se responsabiliza a los sujetos por la dificultad para conseguir trabajo, sin considerar la dinámica excluyente del mercado laboral ni las innumerables tareas de cuidado y preservación de la vida que miles de mujeres realizan desde sus barrios. Estas decisiones comprometen la seguridad alimentaria puesto que no se trata solo de alimentos, sino de acceso a infraestructura de hogares y barrios, a servicios básicos (agua segura, electricidad, luz eléctrica, gas), a cuidados y a empleo ya que los salarios son la principal fuente de compra de alimentos que se mercantilizan.

No es un dato menor que la Primera Subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, declaró tras su visita y reunión con los equipos de gobierno que:

“Dados los costes de estabilización a corto plazo, es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras. Proceder de forma pragmática para asegurar apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas (…) (las medidas) deben ser diseñadas y secuenciadas para asegurar un crecimiento sostenido e inclusivo” (Departamento de Comunicaciones del FMI)[18]

Estas declaraciones evidencian el cuestionamiento del FMI ya que se advierte que el ajuste no distingue sectores y ello puede comprometer la paz social, amenazar el apoyo popular con el que el gobierno llegó al poder. A ello se añaden la dificultad del gobierno para establecer alianzas políticas que sostengan el ajuste. Si bien el FMI ha elogiado las medidas económicas implementadas, pero observa de cerca “la viabilidad política del plan y su impacto social”[19].

Volviendo a Sordini (2022) nos preguntamos cuánto de la política alimentaria del mercado libre podrá soportar la sociedad argentina. En este contexto, ¿qué posibilidades de acción, qué reflexiones y qué desplazamientos sociales provocará la expropiación de las energías desde la política alimentaria del libre mercado?


Referencias

Aguirre, P.; Katz, M. y Bruera, M. (2010) Comer. Una palabra con múltiples sentidos. Buenos Aires, Libros del Zorzal, [pp.13-62].

Barrenechea, J.; Gentile, E.; González, S. & Natenzon, C. (2000). Una propuesta metodológica para el estudio de la vulnerabilidad social en el marco de la teoría social del riesgo. In: JORNADAS DE SOCIOLOGÍA, 4 UBA, Ponencia

Castel, R. (1997) Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Buenos Aires. Paidós. 

Clemente, A. (2010) Necesidades sociales y programas alimentarios. las redes de la pobreza. Buenos Aires: Espacio Editorial.

Grassi, E. (2003) Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame. Buenos Aires. Espacio.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) (2023). Índice de precios, V. 7, Nº 38. https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_12_23EA48BE000C.pdf

Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) (2024). Argentina (2004-2023): Un régimen inflacionario crónico de empobrecimiento y mayor asistencia social, en Informe de avance Argentina siglo XXI: Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Perspectivas y desafíos. https://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones/2024/Observatorio-Pobreza-Informe-serie-historica-2004-2023.pdf

Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) (2024). Condiciones materiales de vida de los hogares y la población (2004-2023): evidencias de una pobreza monetaria estructural, en Informe de avance Argentina siglo XXI: Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Perspectivas y desafíos. https://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones/2023/Observatorio_Pobreza_ingreso_5_12.pdf

O´Connor, J. (1974) Estado y capitalismo en la sociedad norteamericana. Buenos Aires. Ediciones Periferia.

Sordini, M. V. (2022). La política del hambre: una emergencia permanente en Argentina. Revista de Sociología y Política. DOI 10.1590/1678-98732230e004

Sordini, M.V. (2020) Alimentación, emociones y sociedad: tres generaciones receptoras de programas alimentarios en el partido de General Pueyrredón entre 1983 y 2018. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires-Editorial Teseo.



Notas:

[1] Los IPC miden la variación de precios de los bienes y servicios representativos del gasto de consumo de hogares residentes en una zona seleccionada en comparación con los precios vigentes en el año base. Desde julio de 2017, INDEC mide el IPC con datos estadísticos del total nacional y seis regiones: Gran Buenos Aires, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31

[2] Es el conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos para una adecuada alimentación y desarrollo de la vida. Para establecer la composición de la CBA se toman como referencia las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La CBA es el conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos, cuya composición refleja los hábitos de consumo de una población de referencia (INDEC, 2020, 5).

[3] La CBT considera no solo la CBA, sino también los bienes y servicios no alimentarios tales como vestimenta transporte, educación, salud, vivienda, etc. (INDEC, 2020, 7).

[4] El coeficiente de Gini es un sistema para medir la desigualdad de ingresos entre los miembros de una población en una época determinada. Mide de una escala de 0 a 1, donde 0 constituye la igualdad perfecta en la que todos tienen los mismos ingresos y 1 equivale a la desigualdad máxima, en la que una sola persona acumula todos los ingresos. ("¿Qué es el coeficiente de Gini y cómo calcularlo?". UNIR Revista, 04/08/2023) 

[5] Ver Principales indicadores de INDEC. Disponible en: https://www.indec.gob.ar

[7] Se consideran indigentes a aquellos hogares cuyos ingresos no les permite adquirir el valor de la CBA. Esta última incorpora productos requeridos para la cobertura del umbral mínimo de necesidades alimenticias (ODSA, 2024).

[8] Se consideran pobres aquellos hogares cuyos ingresos se encuentran por debajo del umbral del ingreso necesario para adquirir en el mercado el valor de una canasta de bienes y servicios (canasta básica total o CBT) (ODSA, 2024).

[9] Curso de posgrado Antropología Alimentaria: Problemática Alimentaria (FLACSO, 2022). Al explicar la Dra. Aguirre dio cuenta de que la sustentabilidad está comprometida en la medida en que se siga expandiendo el monocultivo y degradando los suelos, contaminando con agroquímicos y destruyendo la biodiversidad existente en los bosques. Maristella Svampa y Horacio Machado Aráoz investigan sobre estos temas en la actualidad.

[10] En 1996, la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) adoptó la siguiente definición de seguridad alimentaria: “Existe (…) cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”

[12] "Ley de Góndolas. Dar el salto a la práctica". Fundación Metropolitana, abril 2020. 

[13] CORREA, Martin. "Libertades para los ingenios azucareros, nada para los trabajadores". Prensa Obrera, 22/12/2023.

[14] El Programa Alimentar constituye en una sistema de transferencia monetaria no condicionada cuyos beneficiarios son aquellas personas que cobren la Asignación Universal por Hijo/a con hijos/as de hasta 14 años inclusive, embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social, personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hija/o, sin límite de edad y madres de 7 o más hijas/os que perciben Pensiones No Contributivas (Anses.gob.ar).

[15] Este aumento tiene por objeto “recomponer el poder de compra (…) en el marco del proceso inflacionario que se encuentra atravesando nuestro país, considerando el incremento de la CBA durante los últimos meses” (Resolución Nº 11/2024 del Ministerio de Capital Humano). Una familia con un hijo de 0 a 14 años que perciba la asignación universal por hijo (AUH) pasará a cobrar de $22.000 a $ 44.000, familias con dos hijos pasarán de $ 34.500 a $ 69.000, mientras que familias con tres o más hijos de $ 45.500 a $91.000 ("Tarjeta Alimentar: el Gobierno duplicó los montos para beneficiarios". Ámbito Financiero, 25/01/2024).

[17] FAUR, Eleonor. "Las ollas están vacías". Revista Anfibia, 29/02/2024.

[18] FONDO MONETARIO INTERNAICONAL. "Declaración de la Primera Subdirectora Gerente sobre Argentina". Comunicado de prensa N° 24/55, 22/02/2024.