Por Silvia N. Sánchez y Marcelo Graciosi
La investigadora
María Victoria Sordini estudia las políticas alimentarias (PA) en Argentina. En
un reciente artículo publicado en la Revista
de Sociología y Política (2022) advierte que “lejos de intervenir sobre las
causas estructurales de producción, distribución, comercialización acceso y
consumo de los alimentos [las PA] despliegan acciones sobre los `síntomas` de
la desigualdad social” (p. 14). Las emergencias resultan “permanentes” a través
de diseños que se “ajornan” a las modalidades de prestación hegemónica en cada
época. Focalizadas siempre en los sectores sociales más vulnerables, se obturan
posibilidades de abordar la problemática alimentaria como un asunto transversal
a todos los sectores sociales. En este sentido las políticas alimentarias son
parte del dispositivo de poder que constituye ese amplio abanico denominado
políticas sociales. La política social tiene un papel fundamental en la
construcción de hegemonía por parte del capital financiero. Para actuar
eficazmente como representante general del capital social el Estado debe lograr
ser reconocido por los sujetos en su carácter de ciudadanos como la autoridad
que impone la ley, que resguarda el orden, que vela por el por el bien común y
que repara los daños de los constantes procesos de desafiliación social
(Castel, 1990). Su acción, al menos bajo estos parámetros, tiene que
presentarse como expresión de intereses generales. Este reconocimiento implica
el desarrollo de tal disposición por parte de los individuos, lo que requiere
la acción del mismo Estado en tal sentido, y la política social es una de las
formas que esa acción asume. En otros términos, la lógica del capital requiere
del estado las políticas asistenciales aún en los casos de sociedades con
relativos grados de desarrollo económico (O´Connor, 1974).
Mitigar el hambre
posee una alta eficacia en la contención de la conflictividad social, pero
escasamente para elaborar diagnósticos que permitan abordar el problema de
manera integral (Clemente, 2010; Sordini, 2022). Por otra parte, en la
Argentina hemos podido observar diferentes políticas sociales de carácter
alimentario que no solo convivieron con altos grados de conflictividad social,
sino que al mismo tiempo fueron parte disputas de diverso tipo, dando lugar a
tensiones y nuevos escenarios de conflictividad social (Grassi, 2003). El
problema de fondo -dicho en términos de metáfora espacial, pero sin remitirnos
a ninguna esencia sustancial-; es la tensión entre el planteo de un gobierno de
los mínimos biológicos (Álvarez Leguizamón, 2010) y las resistencias, siempre
al mismo tiempo globales y locales que emergen incluso desde los mismos sujetos
que están inscriptos en estos dispositivos.
Los programas
definen el problema alimentario como un problema de acceso a los alimentos y
poseen un carácter paliativo y provisorio. Son “de asistencia”, “emergencia”,
“ayuda”, “complemento”. Además, los PA son permanentes para quienes no han
revertido su situación de pobreza. A partir de los requisitos de focalización
se “moldean” maneras de ser receptor de un PA, de sentir, de pensar, de actuar.
Se delimita cómo se experimenta el hambre, las formas de comensalidad y el ser
y estar desde las prácticas alimentarias. Así, las PA re-configuran prácticas,
definen alimentos posibles y tejen relaciones sociales sobre la necesidad de
comer (Sordini, 2020).
Sordini sostiene
que “el hambre es la política” (2022, p. 15) porque las PA moldean una
habituación, una normalización de la mitigación del conflicto del hambre a
través de la capacidad coercitiva del Estado y el alcance masivo de sus
intervenciones. Regulan así “un proceso socio-histórico sobre la distribución
desigual de las energías y del orden social” (p. 15). Las energías para la
producción y reproducción de algunos tipos de fuerza de trabajo, de
determinados desarrollos cognitivos, las interacciones sociales y trayectorias
de clase quedan subordinadas a lo que las PA dispongan.
Ahora bien,
¿cuáles son las PA o las medidas que impactan en la problemática alimentaria
desde el gobierno de Javier Milei?
Una de las medidas
que más afecta la problemática alimentaria es la devaluación del peso. El
miércoles 13 de diciembre de 2023 el Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció
la tercera suba diaria del dólar más grande de la historia argentina (118%), al
devaluar un 54% el peso frente a la divisa estadounidense. Fue la peor
devaluación desde 1989 cuando en medio de un proceso hiperinflacionario se
sucedieron varias devaluaciones, pero esta vez se tomó la medida de forma
deliberada. La cotización del dólar oficial –que fija el Banco Central y que
sirve principalmente para el comercio exterior- pasó de 400 a 800 pesos (Ámbito
Financiero, 08/02/2024).
En palabras del
Ministro Caputo la medida se tomó para hacerle frente al déficit fiscal y la
inflación:
“Estamos frente a
la peor herencia de nuestra historia, un país donde los argentinos somos cada
vez más pobres (…) Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente en camino a
una hiperinflación. Podemos (…) llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se
entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a
60.000 pesos en el lapso de un año. Nuestra misión es evitar la catástrofe”
(La Nación, 14/12/2023)
Observamos que el
funcionario atribuye la causa de la pobreza a la “herencia”, es decir, los años
de gobierno precedente -que, paradójicamente incluyen el gobierno de Mauricio
Macri (2015-2019) en el cual él mismo estuvo a cargo de la cartera de economía.
Para evitar el mal mayor (la hiperinflación), se indica que es necesario
realizar un ajuste masivo.
Esta devaluación
impacta de manera descomunal en los precios de los alimentos, los remedios, la
nafta, entre otros servicios, haciendo caer el peso del ajuste en los sectores
populares.
En diciembre de
2023, el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) estimó que el índice de
precios al consumidor (IPC) de
alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 20,6% con una variación interanual
del 296%. La canasta básica de alimentos (CBA)
trepó un 30,4%, en enero de 2024, un 18,6%. La canasta básica total (CBT)
subió en diciembre un 27%, en enero de 2024, un 20, 4%. La tasa de empleo en el
tercer trimestre de 2023 es de 45,5%, de desempleo 5,7%, de subocupación 10,3%.
El coeficiente de Gini
del ingreso per cápita familiar de las personas fue para el mismo período de
0,434%; la brecha de ingresos por medianas del ingreso per cápita familiar de
la población de 14%. El porcentaje de pobreza, de 40,1%. El de indigencia, 9,3%
(medidos ambos al primer semestre de 2023, última medición realizada por INDEC).
El informe Argentina (2004-2023): Un régimen
inflacionario crónico de empobrecimiento y mayor asistencia social del
Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA, 2024)
indicó que los niveles de indigencia,
como consecuencia de los incrementos del costo de la CBA y de los ingresos de
los hogares pasó de 9,6% en el tercer trimestre de 2023 al 14,2% en diciembre
de 2023 y al 15% en enero de 2024. Con respecto a los niveles de pobreza, se
pasó de 44,7% en el tercer trimestre de 2023 a 49,5% en diciembre de 2023 y a
57,4% en enero de 2024. El mayor incremento lo experimentaron los hogares de
clases trabajadoras o medias no beneficiarias de programas sociales. Si se
observa específicamente a los residentes en hogares destinatarios de políticas
sociales su nivel de indigencia era, en el tercer trimestre de 2023, de 19,7%,
se incrementó en diciembre de 2023 a 28,8% y decreció a 23,8% en enero de 2024.
En cuanto a los niveles de pobreza estos mismos hogares presentan un nivel de
pobreza del 85,5% en enero de 2024. Es decir, como puede observarse desde los
gráficos del informe de ODSA (2024) se han recrudecido los indicadores de
indigencia y pobreza. Estos porcentajes hacen visibles privaciones sociales más
estructurales como por ejemplo vivienda, hábitat, educación, salud, recursos
sociales, trabajo, etc. Ante un contexto de crisis, los hogares con indigencia
intensifican cada vez más sus niveles de privación económica haciendo más
difícil revertir sus posibilidades de marginalidad estructural. En otras
palabras, cada nueva crisis económica deja un nuevo “piso” más elevado de
indigencia, y ello es más intenso en hogares con otros déficits. Esto provoca
sociedades más empobrecidas, con un sistema económico más heterogéneo y
mercados laborales más segmentados (ODSA, 2024). La indigencia afecta más a los
estratos bajos, hogares con niñas/os y adolescentes (NNA) y cuyo jefe/a de
hogar posee un bajo nivel educativo. También los sectores medios bajos
descienden sus capacidades de consumo, desde 2017 se ha generalizado el
crecimiento de la pobreza, que se profundizó con la crisis sanitaria por
covid-19. Los hogares con NNA son los más afectados por las desigualdades
estructurales al interior de la estructura socio-económica.
Según las Guías Alimentarias para la Población
Argentina (GAPA) (2016), la alimentación saludable es aquella que aporta
todos los nutrientes esenciales y la energía necesaria para que cada persona
pueda llevar adelante las actividades diarias y mantenerse sana. La inflación
actual y la proyectada impactan fundamentalmente en el precio de los alimentos.
A menores ingresos en los hogares hay mayor prevalencia de diferentes formas de
malnutrición, ya sea por déficit o por exceso. Esto se debe a que cuando menor
es el ingreso, el consumo se vuelca más hacia los alimentos de menor costo, que
en general son los alimentos de menor calidad nutricional. La accesibilidad a
los alimentos no suele ser un problema, sino su costo, su dependencia de los
ingresos de los hogares. Las agroindustrias de los alimentos ofrecen “energía
barata y micronutrientes caros (Aguirre et al., 2010) de allí que los
padecimientos más predominantes suelen ser las enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT): diabetes, hipertensión arterial, enfermedades
cardiovasculares.
En Argentina más
del 90% de la población reside en centros urbanos y las familias que viven en
los campos cada vez menos se dedican a la producción de alimentos (ello por el
aumento exponencial en los últimos años de los agronegocios cuya producción de
cereales se destina al mercado externo). Los principales puntos de
abastecimiento de alimentos son los supermercados. Como sostiene Patricia
Aguirre de
los cinco principios de la seguridad alimentaria
en Argentina se cumple con 4: suficiencia (de suministros de alimentos para
abastecer a toda la población), estabilidad (se logra cuando las variaciones
estacionales no comprometen la provisión), autonomía (la no dependencia del
suministro externo), sustentabilidad (la explotación de los recursos posibilita
su reproducción en el futuro). Lo que no está garantizado es la equidad, o sea,
que toda la población tenga acceso a una alimentación socialmente aceptable,
variada y suficiente para desarrollar su vida. Mas allá de estas aseveraciones,
se vuelve imprescindible en la actualidad inquirir en qué medida la población nominada
como vulnerable (Barrenechea, Gentile,
González, Natenzon, 2000) logra acceder en materia de alimentación a un
mínimo biológico.
El aumento de la
inseguridad alimentaria favorece en adultos el incremento de ECNT, en NNA la
malnutrición (por exceso: sobrepeso u obesidad; por carencia: desnutrición)
lleva a retraso en el crecimiento, disminución de las capacidades cognitivas,
mayor tasa y severidad de las infecciones, repercutiendo en la mortalidad.
Claramente que la falta de acceso a alimentos (adecuados) atenta contra la
salud de las personas, de todas las personas, pero sobre todo de los sectores
que ya eran vulnerables antes de las medidas del gobierno actual.
Fuente:
EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), ODSA, UCA.
Pasemos ahora a
otras medidas que impactan directamente en la problemática alimentaria. Otro miércoles,
el 20 de diciembre de 2023, desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, el
Presidente rodeado de su Gabinete presentó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
Bases para la reconstrucción de la economía argentina (Decreto 70/2023). El
texto del decreto tiene 83 páginas y contiene 366 artículos con el objetivo de
desregular la economía.
En palabras de
Milei:
“…Después de
décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia hoy comenzamos
formalmente el camino de la reconstrucción. Para ello diseñamos un plan de
estabilización de shock que comprende un plan de ajuste fiscal, una política
cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor del mercado y una política
monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Estamos haciendo
nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que
puede ser la peor crisis de nuestra historia” (Cadena Nacional, 20/12/2023)
Tras su comunicado
en el horario de audiencia central, las cacerolas se escucharon desde los
balcones y las calles de Buenos Aires y de otras grandes ciudades del país. Los
manifestantes sostenían que las reformas anunciadas no los salvan de las garras
del Estado, sino “que quedan desprotegidos frente al poder irrestricto
concedido al mercado” (Diario El País, 21/12/23).
A 22 años de la crisis con a que concluyó el gobierno de Fernando de la Rúa
–con un saldo de 39 muertos-, otra vez las cacerolas hicieron sentir el
descontento. El decreto –según abogados constitucionalistas- no tiene
precedentes en la historia argentina reciente puesto que “el Poder Ejecutivo no
puede, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo” (Ab. Antonio Hernández, Diario El País,
21/12/23).
El DNU entró en
vigencia a los 8 días de su anuncio y solo puede ser rechazado por el voto
negativo de las dos Cámaras legislativas o en forma parcial a través de fallos
judiciales (al momento de escribir estas líneas está en vigor).
Los artículos del
DNU que impactan particularmente en la problemática alimentaria son:
El Artículo 4
deroga la Ley Nº 18.425 Norma referente a precios de expendio en supermercados
y autoservicios. Esta ley de 1969 define con precisión qué es supermercado, un
autoservicio minorista y mayorista. Es una ley que se usa como base de
entendimiento para aplicar sanciones y multas ante incumplimientos.
El Art. 5 deroga
la Ley Nº 26.992 de creación del Observatorio de precios y disponibilidad de
insumos, bienes y servicios. El Observatorio de precios es un instrumento para
definir valores de acuerdos de precios.
El Art. 7, deroga
la Ley Nº 27.545 de góndolas que tenía por objetivo regular el espacio en las
góndolas que los supermercados conceden a las empresas productoras de bienes de
consumo masivo, tanto de comercios físicos como en las ventas digitales. Se
había aprobado en febrero del 2020 y había empezado a implementarse en 2021.
Esta ley buscaba una desaceleración en la suba de los precios, intentaba
facilitar el acceso a productos de la CBA, promover una distribución más
equitativa en el mercado de los actores encargados de la comercialización de
esos productos. Ya que, en definitiva, son los supermercados los que terminan
estableciendo el valor al que se ofertan los productos. Para ello además se
promovía el diálogo con el sector empresarial para establecer precios de
referencia a través del programa Precios Cuidados. Preveía la exhibición de
productos de modo que exista un mejor reparto de proveedores. Tendía, además
hacia una competencia equitativa en oposición al monopolio de las grandes
empresas, fomentar la participación de pequeñas empresas y trabajadores de la
economía popular para el acceso a precios más equitativos.
El Art. 9 deroga
la Ley Nº 20.680 de creación del régimen de abastecimiento. Esta ley permitía
regular el comercio interior de todos los bienes y servicios que se ofrecían en
el país. Establecía un sistema de sanciones penales con un procedimiento
especial para su aplicación. El principal delito que prevenía era el de
acaparamiento que significa provocar la escasez de un producto con la finalidad
de hacer subir su precio.
La derogación de
este conjunto de leyes implica en lo inmediato que las empresas no están
sometidas a controles de precio o de abastecimiento y que los supermercados
pueden decidir libremente qué mercadería exhibir y en qué lugar ubicarla. Sin
embargo, hay sectores. Ambas leyes poseen objetivos comunes para la competencia
como la desarticulación de los mercados oligopólicos y monopólicos, favorecer
en forma indirecta el acceso a los bienes de consumo de los hogares argentinos.
Sin embargo, hay sectores como la Confederación Económica de la Provincia de
Bs. As. (CEPBA) que consideran que “estas leyes nunca tuvieron un efecto
positivo para el desarrollo de las actividades de las Pymes”.
Aparte de estas
leyes, el DNU deroga la Ley Nº 18.770 de Régimen de entregas de azúcar para
consumo en el mercado interno. Es una ley de 1970 con un texto escueto, no obstante,
al establecer cupos lo que impedía era el desabastecimiento y el aumento
desmedido de precios. El azúcar es uno de los productos que más subió en los
últimos años (su precio se multiplicó por 8 en poco más de 2 años y los
ingenios se llevaron ganancias fabulosas, no así los salarios de los
trabajadores azucareros que no siguieron el ritmo de la inflación y cuyas
condiciones laborales no son las mejores).
Otra de las
medidas que afectan al problema alimentario en el contexto inflacionario actual
son el haber discontinuado el Programa de Las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) que abastecía a comedores comunitarios del país. Desde
tomadas el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello se tomó
esta decisión. La única asistencia vigente es el Programa Alimentar, que llega
a 3 de cada 10 niños pobres, y a 1 de cada 10 familias pobres.
Es un programa que llega a 19 millones de niños, mientras los comedores
alimentan entre 4 y 5 millones que no tienen nada de nada. A miles de NNA que
ya se encontraban con inseguridad alimentaria se les retira asistencia. Las
únicas medidas paliativas ante la vulnerabilidad de las familias tomadas por el
gobierno de Milei han sido el incremento del 100% de los montos percibidos a
través de la Tarjeta Alimentar,
también se estableció la duplicación de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
y un bono de $70.000 para jubilaciones y pensiones de haberes mínimos.
La interrupción
del reparto de mercadería a los comedores comunitarios o populares de debe
–según el gobierno- a la necesidad de revisar posibles irregularidades. Se
anunció la voluntad de transferir dinero a cada comedor, se proclamó la
voluntad de eliminar los intermediarios. Al mismo tiempo, se firman convenios
con Caritas, con las iglesias evangélicas nucleadas en ACIERA y con la
Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN),
como se difundió desde @MindeCapitalH.
Lo cierto es que
la capacidad de llegar a los territorios empobrecidos que poseen los
movimientos sociales y las mujeres de la economía popular no la tiene el
Estado. Solo el Movimiento de Trabajadores del Estado (MTE) posee 680 comedores
en todo el país que dan de comer a 81.500 personas. Cuando los comedores se
cierran o atienden 2 de los 7 días de la semana cientos de familias se quedan
sin comer.
Otras medidas
tomadas por el gobierno que repercuten en la problemática alimentaria son la
reducción del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) cuyo objetivo era la
mejora de las condiciones habitacionales de las villas y barrios populares, el
reemplazo del Potenciar Trabajo por dos programas: “Volver al trabajo” y
“Acompañamiento social” que segmentan por edades a sus beneficiarios y según
argumenta Eleonor Faur
apuntan “a desarmar la trama del cuidado popular”. Se responsabiliza a los
sujetos por la dificultad para conseguir trabajo, sin considerar la dinámica
excluyente del mercado laboral ni las innumerables tareas de cuidado y
preservación de la vida que miles de mujeres realizan desde sus barrios. Estas
decisiones comprometen la seguridad alimentaria puesto que no se trata solo de
alimentos, sino de acceso a infraestructura de hogares y barrios, a servicios
básicos (agua segura, electricidad, luz eléctrica, gas), a cuidados y a empleo
ya que los salarios son la principal fuente de compra de alimentos que se
mercantilizan.
No es un dato
menor que la Primera Subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Gita Gopinath, declaró tras su visita y reunión con los equipos de
gobierno que:
“Dados los costes
de estabilización a corto plazo, es esencial sostener esfuerzos para apoyar a
los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la
asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste
no recaiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras. Proceder de
forma pragmática para asegurar apoyo social y político también es fundamental
para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas (…) (las medidas)
deben ser diseñadas y secuenciadas para asegurar un crecimiento sostenido e
inclusivo” (Departamento de Comunicaciones del FMI)
Estas
declaraciones evidencian el cuestionamiento del FMI ya que se advierte que el
ajuste no distingue sectores y ello puede comprometer la paz social, amenazar
el apoyo popular con el que el gobierno llegó al poder. A ello se añaden la
dificultad del gobierno para establecer alianzas políticas que sostengan el
ajuste. Si bien el FMI ha elogiado las medidas económicas implementadas, pero
observa de cerca “la viabilidad política del plan y su impacto social”.
Volviendo a
Sordini (2022) nos preguntamos cuánto de la política alimentaria del mercado
libre podrá soportar la sociedad argentina. En este contexto, ¿qué
posibilidades de acción, qué reflexiones y qué desplazamientos sociales
provocará la expropiación de las energías desde la política alimentaria del
libre mercado?
Referencias
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M. y Bruera, M. (2010) Comer. Una palabra con múltiples sentidos. Buenos Aires,
Libros del Zorzal, [pp.13-62].
Barrenechea, J.;
Gentile, E.; González, S. & Natenzon, C. (2000). Una propuesta metodológica
para el estudio de la vulnerabilidad social en el marco de la teoría social del
riesgo. In: JORNADAS DE SOCIOLOGÍA, 4 UBA, Ponencia
Castel, R. (1997)
Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Buenos
Aires. Paidós.
Clemente, A.
(2010) Necesidades sociales y programas alimentarios. las redes de la pobreza.
Buenos Aires: Espacio Editorial.
Grassi, E. (2003)
Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame.
Buenos Aires. Espacio.
Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INDEC) (2023). Índice de precios, V. 7, Nº 38.
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_12_23EA48BE000C.pdf
Observatorio de la
Deuda Social Argentina (ODSA) (2024). Argentina (2004-2023): Un régimen
inflacionario crónico de empobrecimiento y mayor asistencia social, en Informe
de avance Argentina siglo XXI: Deudas sociales crónicas y desigualdades
crecientes. Perspectivas y desafíos. https://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones/2024/Observatorio-Pobreza-Informe-serie-historica-2004-2023.pdf
Observatorio de la
Deuda Social Argentina (ODSA) (2024). Condiciones materiales de vida de los
hogares y la población (2004-2023): evidencias de una pobreza monetaria
estructural, en Informe de avance Argentina siglo XXI: Deudas sociales crónicas
y desigualdades crecientes. Perspectivas y desafíos.
https://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones/2023/Observatorio_Pobreza_ingreso_5_12.pdf
O´Connor, J.
(1974) Estado y capitalismo en la sociedad norteamericana. Buenos Aires.
Ediciones Periferia.
Sordini, M. V.
(2022). La política del hambre: una emergencia permanente en Argentina. Revista
de Sociología y Política. DOI 10.1590/1678-98732230e004
Sordini, M.V.
(2020) Alimentación, emociones y sociedad: tres generaciones receptoras de
programas alimentarios en el partido de General Pueyrredón entre 1983 y 2018.
Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales. Buenos Aires: Universidad de Buenos
Aires-Editorial Teseo.
Notas:
