¿De quién debemos tener miedo? Bullrich y su política de seguridad


El narcotráfico como negocio creció exponencialmente luego de que a nivel internacional se creara una declaración de sustancias ilegales, obligando así a los Estados parte a prohibir el consumo de dichas sustancias y combatir su tráfico. Esta declaración tiene sus matices, ya que se realizó por cuestiones más políticas que científicas y con el supuesto fin de proteger la salud humana. Sin entrar en el debate apologético, lo cierto es que la prohibición nunca logró disminuir el consumo ni el suministro de las drogas (Rossi, 2014).

A partir de las Convenciones de Naciones Unidas de 1961 (Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes), de 1971 (Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas) y de 1988 (Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas), crecieron y se especializaron organizaciones ad hoc, o carteles, que vinieron a competir o aliarse con las organizaciones criminales existentes como las triadas chinas, la yakuzza japonesa, la mafia, etc.

En consecuencia, el narcotráfico ha ido legitimándose económica, social y políticamente. Desde el punto de vista económico, poco a poco el sistema financiero fue creando nichos para el lavado de dinero. Los factores que favorecen al lavado son la libre circulación de capitales, las bancas off shore, los países con secretos bancarios y las políticas de “blanqueo de capitales”. Otra parte del dinero se recicla a través de fachadas como la compra de tierras, inmuebles, clubes de futbol, restaurantes, discotecas, etc. transformando a los narcotraficantes en empresarios respetados con mucho poder.

En lo social, el narcotráfico se legitima al ofrecer la satisfacción de necesidades tan básicas como el acceso a un ingreso para cubrir la alimentación. Fundamentalmente en lugares donde el Estado está ausente por difícil acceso, como las selvas, los bosques, o las villas miserias en las ciudades. Pero el narcotráfico no solo recluta entre los sectores más empobrecidos, también en la clase media, a través de profesionales que buscan satisfacer sus necesidades de consumo en una sociedad que valora lo que se tiene y donde el status lo otorga la capacidad de compra de autos, mansiones, viaje, carteras y otros bienes de lujo.

Por su parte, la legitimación política es contradictoria, porque mientras el Estado (nacional, provincial municipal) firma convenios y promulga leyes de lucha contra el narcotráfico, su estructura está atravesada por la corrupción, por funcionarios que cobran dádivas, sobornos o hacen la vista gorda. A su vez, el dinero del narcotráfico financia campañas electorales que aseguran la continuidad del business as usual.  

Traemos a colación a la Dra. Rossi porque hace más de 20 años se dedica al estudio e investigación de esta problemática en la Universidad Nacional de Rosario. Curiosamente, cuando las papas queman, el gobierno nacional de Javier Milei con su Ministra Bullrich ha decidido mirar a El Salvador e inspirarse en la política de Nayib Bukele, antes que consultar científicxs especialistas en el área que vivieron en la propia ciudad.

Las políticas de combate al narcotráfico mediante la securitizacion [1] son insuficientes, según la Dra. Rossi. Por el contrario, es necesario un abordaje integral que contemple la legalización del comercio de estas sustancias, el consumo en entornos controlados y desalentar el consumo mediante campañas que enseñen e informen a la población. El control efectivo al lavado de dinero es un tema clave para desalentar el negocio y reducir la oferta; como también promover el empleo para que permita vivir dignamente sin tener que recurrir a la delincuencia. Todo lo cual implica políticas públicas, palabra no grata para el actual gobierno nacional.

Desde luego los criminales deben ser juzgados y condenados como dicta la ley; no obstante, combatir el fuego con fuego solo termina generando un incendio. Por ejemplo, en los casos de guerra contra las drogas en Colombia y México que culminaron con la captura de los grandes capos narcos como Pablo Escobar y el Chapo Guzmán, no causaron la extinción del narcotráfico, sino que multiplicaron las organizaciones criminales y las guerras entre bandas aumentando los niveles violencia. De ese modo, se ha llegado a lo que se denomina narcoestados, es decir, lugares donde el gobierno es de facto por parte de carteles u organizaciones criminales que no solo tienen el control del territorio sino también de la población a quienes gobiernan a su antojo. 

A su vez, como toda guerra, las bajas no son solamente de criminales sino también de miles de jóvenes integrantes de las fuerzas y civiles que quedan bajo el fuego cruzado. La política de War on drugs fue impulsada por el Presidente Richard Nixon desde 1971, cuando se creó la DEA (Drug Enformcement Department) y tuvo un alcance mundial. Aún en la actualidad, la DEA opera y tiene agentes trabajando en todo el mundo. Paradójicamente, uno de los países con mayor consumo de cocaína, durante mucho tiempo, financió millones de dólares a la guerra contra las drogas sin lograr extinguir este negocio.


“Hacia allá vamos”

"Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante”, le dijo la Ministra de Seguridad  argentina Patricia Bullrich al presidente de El Salvador durante la cumbre de fuerzas conservadoras en Washington el pasado mes de febrero.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito plantea que El Salvador en el 2021 tenía una tasa de asesinatos del 17,18 por cantidad de habitante mientras que la Argentina era del 4,62. Este dato muestra la distancia en cuanto a nivel de violencia entre ambos países, aun así, hay algo en el modelo de Bukele que capta la atención principalmente de los partidos de derecha en América Latina.

Las políticas del mandatario salvadoreño no solo fueron cuestionadas por organizaciones civiles y asociaciones internacionales, sino también por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que en más de una oportunidad expresó su preocupación por las consecuencias que las medidas de excepción tuvieron sobre las libertades y garantías de la población. Pero ¿en qué cosiste esta política?

El Plan Control Territorial fue lanzado el 20 de junio de 2019, resulta en una sucesión de fases cada una con sus objetivos específicos. La primera fase se concentro en los aspectos represivos, control de los centros penales, interrupción del financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. Los primeros meses fueron los más sangrientos puesto que las organizaciones criminales respondieron con la fuerza “abriendo válvulas” lo cual significa ejecutar grandes matanzas, llegándose a producir 87 asesinatos en un fin de semana.

Actualmente la fase seis del plan se encuentra en ejecución a cargo de la Fundación Forever, cuyo presidente es el argentino Alejandro Gutman, quien hace mas de 20 años trabaja con los jóvenes de familias empobrecidas en ese país.

La fase seis denominada de integración se concentra en ofrecer oportunidades laborales y educativas para los jóvenes. Este plan se financio con millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, grandes sumas del presupuesto nacional y hasta donaciones. La batería de medidas que acompañan son el estado de excepción que lleva más de dos años, las detenciones arbitrarias, la construcción de una mega cárcel para alojar a 40 mil reos y hasta condenas con reclusión para niños de 12 años, incluso amenazo con dejar morir de hambre a los presos si aumentaba la violencia en las calles.

En cuanto a su efectividad, ha logrado reducir la tasa de homicidios de 38 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 7,8 en 2022, según cifras oficiales, aunque estas no registran la muerte de pandilleros por parte de las fuerzas de seguridad.  En cuanto a su popularidad el 85% de los salvadoreños votaron a favor de estas medidas al otorgar la reelección de su creador el presidente Bukele.  


¿Cualquier parecido con la argentina actual es pura coincidencia?

Desde organismos de DDHH nacionales e internacionales como Amnistía Internacional Argentina se destaca la profunda preocupación por el impacto de las políticas recientes en la vida y los derechos de las personas. El lugar de los derechos humanos en el gobierno de Milei parece marginal, evidenciado por la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la estructura gubernamental.

El 2 de abril, Milei expresó la necesidad de "reconciliarse con las fuerzas armadas", un gesto que algunos interpretan como negacionismo histórico y una preparación para situaciones futuras donde las fuerzas de seguridad puedan ser cuestionadas por el uso excesivo de la fuerza. Esto incrementa el riesgo de impunidad en los juicios por crímenes de lesa humanidad, afectado por factores como la salud de los acusados y las condiciones carcelarias.

Además, se han anunciado posibles cierres de sitios y Espacios de Memoria, como el Ecunhi, bajo acusaciones de propaganda política. También el cierre del INADI, la prohibición del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la Administración Pública, así como el incumplimiento de leyes laborales, la incitación al gatillo fácil, la pretensión de gobernar mediante decretos y la reciente apertura para denunciar a docentes por adoctrinamiento ideológico. Estas medidas, que se multiplican diariamente, atacan directamente la democracia y el acceso a los derechos garantizados por la Constitución Nacional y tratados internacionales.

Tanto el Presidente como su Vicepresidente y la Ministra de Seguridad, están encantados con la política represiva, hasta se puede decir que tienen cierta admiración por las políticas de terrorismo de estado. Recientemente la Ministra hablo de “una guerra sin cuartel contra el narcoterrorismo” justificando así la batería de medidas represivas que prometió desplegar en Rosario ante los trágicos hechos.  

Este grupo, desde el fallido DNU está intentando endurecer el sistema penal, otorgar mayor margen de maniobra e impunidad a las fuerzas armadas, mejorar su equipamiento, bajar la edad de imputabilidad y hasta jugaron con la posibilidad de suspender reuniones de mas de 3 personas apelando a operaciones “antiterroristas”.    

El tema de la militarización como solución a la cuestión del narcotráfico resuena desde hace años. Sin embargo, se trata de una vía ineficiente y que incluso puede empeorar la situación por varios factores. Se ha comprobado que el narco ya tiene aliados activos en las fuerzas de seguridad, la gran mayoría de las balas utilizadas son rastreables a comisarías, por ejemplo, el 12 de marzo de 2024 se conoció la noticia de que en Rosario dos taxistas fueron asesinados con balas de la Policía de Santa Fe. De este modo la inversión en armamento para la lucha contra el narcotráfico termina estando al servicio de los delincuentes.

Que las FFAA se acoplen a fuerzas ya corruptas abre la puerta a que estas también se corrompan, pero esta vez con armas de calibre militar.

No se plantea ninguna solución de fondo al problema, no se ataca ni el lavado de dinero ni la pobreza, principal causa por la que les pibes prefieren asesinar por unos pocos pesos con tal de poder comer. En un contexto de indigencia tan alto, mucha gente es vulnerable a ser empleada por el narco, por lo que no se puede desarrollar un operativo militar para detener esto. Cuando los soldados deban retirarse, es inevitable que la situación resurja, porque las condiciones materiales que crean este problema están intactas.

La palabra clave es el terrorismo, mucho se ha analizado en el área de la geopolítica sobre el terrorismo después del atentado del 11-S. Por ejemplo, D. Harvey analizaba la política de E.E.U.U después la Operación Nuevo Amanecer y como cuando todas las razones para emprender una guerra preventiva en Iraq se revelaron deficientes, el presidente norteamericano George Bush apela a eliminar el terrorismo y a “la libertad” como suficientes para invadir ese país.

Que casualidad lo que implicaba la libertad en ese momento quedo plasmado en el decreto de Paul Bremer quien asumió la Dirección de la Autoridad Provisional de la Coalición en Iraq, las medidas eran:

-La plena privatización de las empresas públicas.

-Plenos derechos de propiedad para empresas extranjeras que adquieran empresas iraquíes.

-Repatriación de los beneficios extranjeros.

-Apertura de los bancos iraquíes al control extranjero.

-Eliminación de todas las barreras comerciales.

-Regulación estricta del mercado de trabajo: prohibición de huelgas en sectores claves de la economía y el derecho de sindicación restringido.

Es decir, la libertad de los iraquíes se aseguraba a través de la libertad de mercado. Siguiendo con el análisis sobre el terrorismo, esta es una palabra que justamente causa su efecto deseado, generar terror en la población y por la tanto justificar la respuesta, así sea la restricción de la libertad en pos de la seguridad. Recordemos que en Iraq murieron 289 mil víctimas en seis años, de los cuales el 65 por ciento eran civiles ¿todas estas muertes en nombre de la libertad?  La libertad de quien seria la pregunta correcta.

Para finalizar traemos a Roberto Samar (2012), quien realiza un breve resumen sobre los múltiples significados que tiene el terrorismo, recomendando su lectura, pero sobre todo esta cita de su escrito que resulta más que interesante: “Recordemos que el genocida Jorge Rafael Videla definió a un terrorista a alguien no es solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana”. Otra coincidencia: Milei en su discurso frente a todo el mundo en el Foro de Davos dijo que “Occidente esta en peligro” ¿Debemos tener miedo? 

También aquí podríamos preguntarnos de quién tener miedo.  

 


Enlaces de interés

"Patricia Bullrich, la fan número uno de Nayib Bukele". Página/12. 23/02/2024. 

ARÉVALO, Karla. "¿En qué consiste el “modelo Bukele” sobre la seguridad en El Salvador?". En: Voz de América. 11/08/2023.

BBC Mundo News (2022). Bukele contra las maras: 3 polémicas medidas aprobadas por El Salvador para combatir a las pandillas. 06/04/2022.

CHAÑI, Ivana. "Narco en Rosario: Matan con balas y pistolas de la Policía". AriesOnLine. 12/03/2024

HARVEY, David (2003). The New Imperialism. Oxford, Oxford University Press, 2003. Cap I y II.

ONU. Oficina contra la droga y el delito (2005). Informe mundial sobre las drogas 2005. Volumen I: Análisis.

ONU. Oficina contra la droga y el delito (2003). Informe mundial sobre las drogas 2003. 

ROSSI, Adriana (2014). "Narcotráfico y seguridad en América Latina". En: Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario. N° 1522 - 03 de Junio de 2014.

SALAZAR P., Robinson; Yenissey Rojas, Ivonne (2011). "La securitización de la seguridad pública: una reflexión necesaria". En: El Cotidiano. Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Azcapotzalco, México D.F. N° 166, marzo-abril 2011, pp. 33-43.

SAMAR, Roberto (2012). Política y comunicación. EDUCO ‐ Universidad Nacional del Comahue, Neuquén.

SECRETARÍA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA (2023). Gobierno de El Salvador. El Salvador registra el promedio de homicidios más bajo de Centroamérica. 05/01/2023.

SECRETARÍA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA (2022). Gobierno de El Salvador. En el tiempo que lleva el Gobierno del Presidente Nayib Bukele el Plan Control Territorial es la mejor defensa del pueblo ante la agresión de las pandillas. 24/11/2022.

TOKATLIAN, Juan Gabriel (2016) "¿Argentina es el tercer exportador mundial de cocaína?". Página/12. 14/07/2016. 

 


[1] La Securitizacion es un término que surge de los estudios de Weaver, Ole en 1995 cuando analiza los denominados conflictos de baja Intensidad designados como amenazas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, una de esas amenazas fue el narcotráfico. Por su parte securitizacion está vinculada con la seguridad, certidumbre y defensa de un objeto o bien que tiene un valor asignado dentro de la sociedad y el valor justifica la medida y los actos que puedan aplicarse, o en defensa de ese bien económico, político o social; permitiendo así al Estado recurrir a medios extraordinarios, en un marco de legitimidad, y garantizar la defensa de los ciudadanos, el blindaje de las instituciones o evitar la guerra o el impacto desfavorable que la amenaza trae consigo.

ANÁLISIS: Cuando el hambre es la política

 

Por Silvia N. Sánchez y Marcelo Graciosi


La investigadora María Victoria Sordini estudia las políticas alimentarias (PA) en Argentina. En un reciente artículo publicado en la Revista de Sociología y Política (2022) advierte que “lejos de intervenir sobre las causas estructurales de producción, distribución, comercialización acceso y consumo de los alimentos [las PA] despliegan acciones sobre los `síntomas` de la desigualdad social” (p. 14). Las emergencias resultan “permanentes” a través de diseños que se “ajornan” a las modalidades de prestación hegemónica en cada época. Focalizadas siempre en los sectores sociales más vulnerables, se obturan posibilidades de abordar la problemática alimentaria como un asunto transversal a todos los sectores sociales. En este sentido las políticas alimentarias son parte del dispositivo de poder que constituye ese amplio abanico denominado políticas sociales. La política social tiene un papel fundamental en la construcción de hegemonía por parte del capital financiero. Para actuar eficazmente como representante general del capital social el Estado debe lograr ser reconocido por los sujetos en su carácter de ciudadanos como la autoridad que impone la ley, que resguarda el orden, que vela por el por el bien común y que repara los daños de los constantes procesos de desafiliación social (Castel, 1990). Su acción, al menos bajo estos parámetros, tiene que presentarse como expresión de intereses generales. Este reconocimiento implica el desarrollo de tal disposición por parte de los individuos, lo que requiere la acción del mismo Estado en tal sentido, y la política social es una de las formas que esa acción asume. En otros términos, la lógica del capital requiere del estado las políticas asistenciales aún en los casos de sociedades con relativos grados de desarrollo económico (O´Connor, 1974).

Mitigar el hambre posee una alta eficacia en la contención de la conflictividad social, pero escasamente para elaborar diagnósticos que permitan abordar el problema de manera integral (Clemente, 2010; Sordini, 2022). Por otra parte, en la Argentina hemos podido observar diferentes políticas sociales de carácter alimentario que no solo convivieron con altos grados de conflictividad social, sino que al mismo tiempo fueron parte disputas de diverso tipo, dando lugar a tensiones y nuevos escenarios de conflictividad social (Grassi, 2003). El problema de fondo -dicho en términos de metáfora espacial, pero sin remitirnos a ninguna esencia sustancial-; es la tensión entre el planteo de un gobierno de los mínimos biológicos (Álvarez Leguizamón, 2010) y las resistencias, siempre al mismo tiempo globales y locales que emergen incluso desde los mismos sujetos que están inscriptos en estos dispositivos.  

Los programas definen el problema alimentario como un problema de acceso a los alimentos y poseen un carácter paliativo y provisorio. Son “de asistencia”, “emergencia”, “ayuda”, “complemento”. Además, los PA son permanentes para quienes no han revertido su situación de pobreza. A partir de los requisitos de focalización se “moldean” maneras de ser receptor de un PA, de sentir, de pensar, de actuar. Se delimita cómo se experimenta el hambre, las formas de comensalidad y el ser y estar desde las prácticas alimentarias. Así, las PA re-configuran prácticas, definen alimentos posibles y tejen relaciones sociales sobre la necesidad de comer (Sordini, 2020).

Sordini sostiene que “el hambre es la política” (2022, p. 15) porque las PA moldean una habituación, una normalización de la mitigación del conflicto del hambre a través de la capacidad coercitiva del Estado y el alcance masivo de sus intervenciones. Regulan así “un proceso socio-histórico sobre la distribución desigual de las energías y del orden social” (p. 15). Las energías para la producción y reproducción de algunos tipos de fuerza de trabajo, de determinados desarrollos cognitivos, las interacciones sociales y trayectorias de clase quedan subordinadas a lo que las PA dispongan.

Ahora bien, ¿cuáles son las PA o las medidas que impactan en la problemática alimentaria desde el gobierno de Javier Milei?

Una de las medidas que más afecta la problemática alimentaria es la devaluación del peso. El miércoles 13 de diciembre de 2023 el Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la tercera suba diaria del dólar más grande de la historia argentina (118%), al devaluar un 54% el peso frente a la divisa estadounidense. Fue la peor devaluación desde 1989 cuando en medio de un proceso hiperinflacionario se sucedieron varias devaluaciones, pero esta vez se tomó la medida de forma deliberada. La cotización del dólar oficial –que fija el Banco Central y que sirve principalmente para el comercio exterior- pasó de 400 a 800 pesos  (Ámbito Financiero, 08/02/2024).

En palabras del Ministro Caputo la medida se tomó para hacerle frente al déficit fiscal y la inflación:

“Estamos frente a la peor herencia de nuestra historia, un país donde los argentinos somos cada vez más pobres (…) Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente en camino a una hiperinflación. Podemos (…) llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Nuestra misión es evitar la catástrofe” (La Nación, 14/12/2023)

Observamos que el funcionario atribuye la causa de la pobreza a la “herencia”, es decir, los años de gobierno precedente -que, paradójicamente incluyen el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) en el cual él mismo estuvo a cargo de la cartera de economía. Para evitar el mal mayor (la hiperinflación), se indica que es necesario realizar un ajuste masivo.

Esta devaluación impacta de manera descomunal en los precios de los alimentos, los remedios, la nafta, entre otros servicios, haciendo caer el peso del ajuste en los sectores populares.

En diciembre de 2023, el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) estimó que el índice de precios al consumidor (IPC)[1] de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 20,6% con una variación interanual del 296%. La canasta básica de alimentos (CBA)[2] trepó un 30,4%, en enero de 2024, un 18,6%. La canasta básica total (CBT)[3] subió en diciembre un 27%, en enero de 2024, un 20, 4%. La tasa de empleo en el tercer trimestre de 2023 es de 45,5%, de desempleo 5,7%, de subocupación 10,3%. El coeficiente de Gini[4] del ingreso per cápita familiar de las personas fue para el mismo período de 0,434%; la brecha de ingresos por medianas del ingreso per cápita familiar de la población de 14%. El porcentaje de pobreza, de 40,1%. El de indigencia, 9,3% (medidos ambos al primer semestre de 2023, última medición realizada por INDEC)[5].

El informe Argentina (2004-2023): Un régimen inflacionario crónico de empobrecimiento y mayor asistencia social del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA, 2024)[6] indicó que los niveles de indigencia[7], como consecuencia de los incrementos del costo de la CBA y de los ingresos de los hogares pasó de 9,6% en el tercer trimestre de 2023 al 14,2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024. Con respecto a los niveles de pobreza[8], se pasó de 44,7% en el tercer trimestre de 2023 a 49,5% en diciembre de 2023 y a 57,4% en enero de 2024. El mayor incremento lo experimentaron los hogares de clases trabajadoras o medias no beneficiarias de programas sociales. Si se observa específicamente a los residentes en hogares destinatarios de políticas sociales su nivel de indigencia era, en el tercer trimestre de 2023, de 19,7%, se incrementó en diciembre de 2023 a 28,8% y decreció a 23,8% en enero de 2024. En cuanto a los niveles de pobreza estos mismos hogares presentan un nivel de pobreza del 85,5% en enero de 2024. Es decir, como puede observarse desde los gráficos del informe de ODSA (2024) se han recrudecido los indicadores de indigencia y pobreza. Estos porcentajes hacen visibles privaciones sociales más estructurales como por ejemplo vivienda, hábitat, educación, salud, recursos sociales, trabajo, etc. Ante un contexto de crisis, los hogares con indigencia intensifican cada vez más sus niveles de privación económica haciendo más difícil revertir sus posibilidades de marginalidad estructural. En otras palabras, cada nueva crisis económica deja un nuevo “piso” más elevado de indigencia, y ello es más intenso en hogares con otros déficits. Esto provoca sociedades más empobrecidas, con un sistema económico más heterogéneo y mercados laborales más segmentados (ODSA, 2024). La indigencia afecta más a los estratos bajos, hogares con niñas/os y adolescentes (NNA) y cuyo jefe/a de hogar posee un bajo nivel educativo. También los sectores medios bajos descienden sus capacidades de consumo, desde 2017 se ha generalizado el crecimiento de la pobreza, que se profundizó con la crisis sanitaria por covid-19. Los hogares con NNA son los más afectados por las desigualdades estructurales al interior de la estructura socio-económica.

Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) (2016), la alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía necesaria para que cada persona pueda llevar adelante las actividades diarias y mantenerse sana. La inflación actual y la proyectada impactan fundamentalmente en el precio de los alimentos. A menores ingresos en los hogares hay mayor prevalencia de diferentes formas de malnutrición, ya sea por déficit o por exceso. Esto se debe a que cuando menor es el ingreso, el consumo se vuelca más hacia los alimentos de menor costo, que en general son los alimentos de menor calidad nutricional. La accesibilidad a los alimentos no suele ser un problema, sino su costo, su dependencia de los ingresos de los hogares. Las agroindustrias de los alimentos ofrecen “energía barata y micronutrientes caros (Aguirre et al., 2010) de allí que los padecimientos más predominantes suelen ser las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT): diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares.

En Argentina más del 90% de la población reside en centros urbanos y las familias que viven en los campos cada vez menos se dedican a la producción de alimentos (ello por el aumento exponencial en los últimos años de los agronegocios cuya producción de cereales se destina al mercado externo). Los principales puntos de abastecimiento de alimentos son los supermercados. Como sostiene Patricia Aguirre[9] de los cinco principios de la seguridad alimentaria[10] en Argentina se cumple con 4: suficiencia (de suministros de alimentos para abastecer a toda la población), estabilidad (se logra cuando las variaciones estacionales no comprometen la provisión), autonomía (la no dependencia del suministro externo), sustentabilidad (la explotación de los recursos posibilita su reproducción en el futuro). Lo que no está garantizado es la equidad, o sea, que toda la población tenga acceso a una alimentación socialmente aceptable, variada y suficiente para desarrollar su vida. Mas allá de estas aseveraciones, se vuelve imprescindible en la actualidad inquirir en qué medida la población nominada como vulnerable (Barrenechea, Gentile,  González, Natenzon, 2000) logra acceder en materia de alimentación a un mínimo biológico. 

El aumento de la inseguridad alimentaria favorece en adultos el incremento de ECNT, en NNA la malnutrición (por exceso: sobrepeso u obesidad; por carencia: desnutrición) lleva a retraso en el crecimiento, disminución de las capacidades cognitivas, mayor tasa y severidad de las infecciones, repercutiendo en la mortalidad. Claramente que la falta de acceso a alimentos (adecuados) atenta contra la salud de las personas, de todas las personas, pero sobre todo de los sectores que ya eran vulnerables antes de las medidas del gobierno actual.

 

 




Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), ODSA, UCA.

 

Pasemos ahora a otras medidas que impactan directamente en la problemática alimentaria. Otro miércoles, el 20 de diciembre de 2023, desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, el Presidente rodeado de su Gabinete presentó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Bases para la reconstrucción de la economía argentina (Decreto 70/2023). El texto del decreto tiene 83 páginas y contiene 366 artículos con el objetivo de desregular la economía.

En palabras de Milei:

“…Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Para ello diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un plan de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor del mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia” (Cadena Nacional, 20/12/2023)

Tras su comunicado en el horario de audiencia central, las cacerolas se escucharon desde los balcones y las calles de Buenos Aires y de otras grandes ciudades del país. Los manifestantes sostenían que las reformas anunciadas no los salvan de las garras del Estado, sino “que quedan desprotegidos frente al poder irrestricto concedido al mercado” (Diario El País, 21/12/23)[11]. A 22 años de la crisis con a que concluyó el gobierno de Fernando de la Rúa –con un saldo de 39 muertos-, otra vez las cacerolas hicieron sentir el descontento. El decreto –según abogados constitucionalistas- no tiene precedentes en la historia argentina reciente puesto que “el Poder Ejecutivo no puede, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” (Ab. Antonio Hernández, Diario El País, 21/12/23).

El DNU entró en vigencia a los 8 días de su anuncio y solo puede ser rechazado por el voto negativo de las dos Cámaras legislativas o en forma parcial a través de fallos judiciales (al momento de escribir estas líneas está en vigor).

Los artículos del DNU que impactan particularmente en la problemática alimentaria son:

El Artículo 4 deroga la Ley Nº 18.425 Norma referente a precios de expendio en supermercados y autoservicios. Esta ley de 1969 define con precisión qué es supermercado, un autoservicio minorista y mayorista. Es una ley que se usa como base de entendimiento para aplicar sanciones y multas ante incumplimientos.

El Art. 5 deroga la Ley Nº 26.992 de creación del Observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios. El Observatorio de precios es un instrumento para definir valores de acuerdos de precios.

El Art. 7, deroga la Ley Nº 27.545 de góndolas que tenía por objetivo regular el espacio en las góndolas que los supermercados conceden a las empresas productoras de bienes de consumo masivo, tanto de comercios físicos como en las ventas digitales. Se había aprobado en febrero del 2020 y había empezado a implementarse en 2021. Esta ley buscaba una desaceleración en la suba de los precios, intentaba facilitar el acceso a productos de la CBA, promover una distribución más equitativa en el mercado de los actores encargados de la comercialización de esos productos. Ya que, en definitiva, son los supermercados los que terminan estableciendo el valor al que se ofertan los productos. Para ello además se promovía el diálogo con el sector empresarial para establecer precios de referencia a través del programa Precios Cuidados. Preveía la exhibición de productos de modo que exista un mejor reparto de proveedores. Tendía, además hacia una competencia equitativa en oposición al monopolio de las grandes empresas, fomentar la participación de pequeñas empresas y trabajadores de la economía popular para el acceso a precios más equitativos[12].

El Art. 9 deroga la Ley Nº 20.680 de creación del régimen de abastecimiento. Esta ley permitía regular el comercio interior de todos los bienes y servicios que se ofrecían en el país. Establecía un sistema de sanciones penales con un procedimiento especial para su aplicación. El principal delito que prevenía era el de acaparamiento que significa provocar la escasez de un producto con la finalidad de hacer subir su precio.

La derogación de este conjunto de leyes implica en lo inmediato que las empresas no están sometidas a controles de precio o de abastecimiento y que los supermercados pueden decidir libremente qué mercadería exhibir y en qué lugar ubicarla. Sin embargo, hay sectores. Ambas leyes poseen objetivos comunes para la competencia como la desarticulación de los mercados oligopólicos y monopólicos, favorecer en forma indirecta el acceso a los bienes de consumo de los hogares argentinos. Sin embargo, hay sectores como la Confederación Económica de la Provincia de Bs. As. (CEPBA) que consideran que “estas leyes nunca tuvieron un efecto positivo para el desarrollo de las actividades de las Pymes”.

Aparte de estas leyes, el DNU deroga la Ley Nº 18.770 de Régimen de entregas de azúcar para consumo en el mercado interno. Es una ley de 1970 con un texto escueto, no obstante, al establecer cupos lo que impedía era el desabastecimiento y el aumento desmedido de precios. El azúcar es uno de los productos que más subió en los últimos años (su precio se multiplicó por 8 en poco más de 2 años y los ingenios se llevaron ganancias fabulosas, no así los salarios de los trabajadores azucareros que no siguieron el ritmo de la inflación y cuyas condiciones laborales no son las mejores)[13].

Otra de las medidas que afectan al problema alimentario en el contexto inflacionario actual son el haber discontinuado el Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que abastecía a comedores comunitarios del país. Desde tomadas el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello se tomó esta decisión. La única asistencia vigente es el Programa Alimentar, que llega a 3 de cada 10 niños pobres, y a 1 de cada 10 familias pobres.[14] Es un programa que llega a 19 millones de niños, mientras los comedores alimentan entre 4 y 5 millones que no tienen nada de nada. A miles de NNA que ya se encontraban con inseguridad alimentaria se les retira asistencia. Las únicas medidas paliativas ante la vulnerabilidad de las familias tomadas por el gobierno de Milei han sido el incremento del 100% de los montos percibidos a través de la Tarjeta Alimentar[15], también se estableció la duplicación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y un bono de $70.000 para jubilaciones y pensiones de haberes mínimos.

La interrupción del reparto de mercadería a los comedores comunitarios o populares de debe –según el gobierno- a la necesidad de revisar posibles irregularidades. Se anunció la voluntad de transferir dinero a cada comedor, se proclamó la voluntad de eliminar los intermediarios. Al mismo tiempo, se firman convenios con Caritas, con las iglesias evangélicas nucleadas en ACIERA y con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN)[16], como se difundió desde @MindeCapitalH.

Lo cierto es que la capacidad de llegar a los territorios empobrecidos que poseen los movimientos sociales y las mujeres de la economía popular no la tiene el Estado. Solo el Movimiento de Trabajadores del Estado (MTE) posee 680 comedores en todo el país que dan de comer a 81.500 personas. Cuando los comedores se cierran o atienden 2 de los 7 días de la semana cientos de familias se quedan sin comer.

Otras medidas tomadas por el gobierno que repercuten en la problemática alimentaria son la reducción del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) cuyo objetivo era la mejora de las condiciones habitacionales de las villas y barrios populares, el reemplazo del Potenciar Trabajo por dos programas: “Volver al trabajo” y “Acompañamiento social” que segmentan por edades a sus beneficiarios y según argumenta Eleonor Faur[17] apuntan “a desarmar la trama del cuidado popular”. Se responsabiliza a los sujetos por la dificultad para conseguir trabajo, sin considerar la dinámica excluyente del mercado laboral ni las innumerables tareas de cuidado y preservación de la vida que miles de mujeres realizan desde sus barrios. Estas decisiones comprometen la seguridad alimentaria puesto que no se trata solo de alimentos, sino de acceso a infraestructura de hogares y barrios, a servicios básicos (agua segura, electricidad, luz eléctrica, gas), a cuidados y a empleo ya que los salarios son la principal fuente de compra de alimentos que se mercantilizan.

No es un dato menor que la Primera Subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, declaró tras su visita y reunión con los equipos de gobierno que:

“Dados los costes de estabilización a corto plazo, es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras. Proceder de forma pragmática para asegurar apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas (…) (las medidas) deben ser diseñadas y secuenciadas para asegurar un crecimiento sostenido e inclusivo” (Departamento de Comunicaciones del FMI)[18]

Estas declaraciones evidencian el cuestionamiento del FMI ya que se advierte que el ajuste no distingue sectores y ello puede comprometer la paz social, amenazar el apoyo popular con el que el gobierno llegó al poder. A ello se añaden la dificultad del gobierno para establecer alianzas políticas que sostengan el ajuste. Si bien el FMI ha elogiado las medidas económicas implementadas, pero observa de cerca “la viabilidad política del plan y su impacto social”[19].

Volviendo a Sordini (2022) nos preguntamos cuánto de la política alimentaria del mercado libre podrá soportar la sociedad argentina. En este contexto, ¿qué posibilidades de acción, qué reflexiones y qué desplazamientos sociales provocará la expropiación de las energías desde la política alimentaria del libre mercado?


Referencias

Aguirre, P.; Katz, M. y Bruera, M. (2010) Comer. Una palabra con múltiples sentidos. Buenos Aires, Libros del Zorzal, [pp.13-62].

Barrenechea, J.; Gentile, E.; González, S. & Natenzon, C. (2000). Una propuesta metodológica para el estudio de la vulnerabilidad social en el marco de la teoría social del riesgo. In: JORNADAS DE SOCIOLOGÍA, 4 UBA, Ponencia

Castel, R. (1997) Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Buenos Aires. Paidós. 

Clemente, A. (2010) Necesidades sociales y programas alimentarios. las redes de la pobreza. Buenos Aires: Espacio Editorial.

Grassi, E. (2003) Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame. Buenos Aires. Espacio.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) (2023). Índice de precios, V. 7, Nº 38. https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_12_23EA48BE000C.pdf

Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) (2024). Argentina (2004-2023): Un régimen inflacionario crónico de empobrecimiento y mayor asistencia social, en Informe de avance Argentina siglo XXI: Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Perspectivas y desafíos. https://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones/2024/Observatorio-Pobreza-Informe-serie-historica-2004-2023.pdf

Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) (2024). Condiciones materiales de vida de los hogares y la población (2004-2023): evidencias de una pobreza monetaria estructural, en Informe de avance Argentina siglo XXI: Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Perspectivas y desafíos. https://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones/2023/Observatorio_Pobreza_ingreso_5_12.pdf

O´Connor, J. (1974) Estado y capitalismo en la sociedad norteamericana. Buenos Aires. Ediciones Periferia.

Sordini, M. V. (2022). La política del hambre: una emergencia permanente en Argentina. Revista de Sociología y Política. DOI 10.1590/1678-98732230e004

Sordini, M.V. (2020) Alimentación, emociones y sociedad: tres generaciones receptoras de programas alimentarios en el partido de General Pueyrredón entre 1983 y 2018. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires-Editorial Teseo.



Notas:

[1] Los IPC miden la variación de precios de los bienes y servicios representativos del gasto de consumo de hogares residentes en una zona seleccionada en comparación con los precios vigentes en el año base. Desde julio de 2017, INDEC mide el IPC con datos estadísticos del total nacional y seis regiones: Gran Buenos Aires, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31

[2] Es el conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos para una adecuada alimentación y desarrollo de la vida. Para establecer la composición de la CBA se toman como referencia las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La CBA es el conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos, cuya composición refleja los hábitos de consumo de una población de referencia (INDEC, 2020, 5).

[3] La CBT considera no solo la CBA, sino también los bienes y servicios no alimentarios tales como vestimenta transporte, educación, salud, vivienda, etc. (INDEC, 2020, 7).

[4] El coeficiente de Gini es un sistema para medir la desigualdad de ingresos entre los miembros de una población en una época determinada. Mide de una escala de 0 a 1, donde 0 constituye la igualdad perfecta en la que todos tienen los mismos ingresos y 1 equivale a la desigualdad máxima, en la que una sola persona acumula todos los ingresos. ("¿Qué es el coeficiente de Gini y cómo calcularlo?". UNIR Revista, 04/08/2023) 

[5] Ver Principales indicadores de INDEC. Disponible en: https://www.indec.gob.ar

[7] Se consideran indigentes a aquellos hogares cuyos ingresos no les permite adquirir el valor de la CBA. Esta última incorpora productos requeridos para la cobertura del umbral mínimo de necesidades alimenticias (ODSA, 2024).

[8] Se consideran pobres aquellos hogares cuyos ingresos se encuentran por debajo del umbral del ingreso necesario para adquirir en el mercado el valor de una canasta de bienes y servicios (canasta básica total o CBT) (ODSA, 2024).

[9] Curso de posgrado Antropología Alimentaria: Problemática Alimentaria (FLACSO, 2022). Al explicar la Dra. Aguirre dio cuenta de que la sustentabilidad está comprometida en la medida en que se siga expandiendo el monocultivo y degradando los suelos, contaminando con agroquímicos y destruyendo la biodiversidad existente en los bosques. Maristella Svampa y Horacio Machado Aráoz investigan sobre estos temas en la actualidad.

[10] En 1996, la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) adoptó la siguiente definición de seguridad alimentaria: “Existe (…) cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”

[12] "Ley de Góndolas. Dar el salto a la práctica". Fundación Metropolitana, abril 2020. 

[13] CORREA, Martin. "Libertades para los ingenios azucareros, nada para los trabajadores". Prensa Obrera, 22/12/2023.

[14] El Programa Alimentar constituye en una sistema de transferencia monetaria no condicionada cuyos beneficiarios son aquellas personas que cobren la Asignación Universal por Hijo/a con hijos/as de hasta 14 años inclusive, embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social, personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hija/o, sin límite de edad y madres de 7 o más hijas/os que perciben Pensiones No Contributivas (Anses.gob.ar).

[15] Este aumento tiene por objeto “recomponer el poder de compra (…) en el marco del proceso inflacionario que se encuentra atravesando nuestro país, considerando el incremento de la CBA durante los últimos meses” (Resolución Nº 11/2024 del Ministerio de Capital Humano). Una familia con un hijo de 0 a 14 años que perciba la asignación universal por hijo (AUH) pasará a cobrar de $22.000 a $ 44.000, familias con dos hijos pasarán de $ 34.500 a $ 69.000, mientras que familias con tres o más hijos de $ 45.500 a $91.000 ("Tarjeta Alimentar: el Gobierno duplicó los montos para beneficiarios". Ámbito Financiero, 25/01/2024).

[17] FAUR, Eleonor. "Las ollas están vacías". Revista Anfibia, 29/02/2024.

[18] FONDO MONETARIO INTERNAICONAL. "Declaración de la Primera Subdirectora Gerente sobre Argentina". Comunicado de prensa N° 24/55, 22/02/2024.  

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